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Marco Ariel Antonioletti: Un crimen Impune

Vicky Torres, en colaboración con José Luis Medina y Arnaldo Pérez Guerra (*)

«…y pase lo que pase, quedemos como quedemos, después de todas las mochas que demos al enemigo, volveremos a estar juntos y felices. Siempre más grandes, ya que somos patria o muerte y eso, en nuestra vida, es indudablemente patria, y no sólo eso, también popular…»

- Marco Ariel Antonioletti-

En marzo de 1990, se inició en Chile el llamado “proceso de transición”, como lo bautizaron los ideólogos de la Concertación. En el Congreso Nacional, el general Augusto Pinochet, tras 17 años de su dictadura militar, hizo entrega del gobierno a Patricio Aylwin, primer presidente civil electo de la Concertación. En las cárceles, alrededor de quinientos presos políticos enfrentaban un destino incierto, lo que llevó a medio centenar a realizar una espectacular fuga, en enero de 1990.

Ocho meses después del cambio de gobierno, al mediodía del 14 de noviembre, las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL) rescataban desde el Hospital Sótero del Río a Marco Ariel Antonioletti, preso político del Mapu-Lautaro. El operativo de rescate derivó en una intensa balacera, que dejó un trágico saldo de cuatro gendarmes y un carabinero muertos y Marcela Rodríguez, militante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), recibió un proyectil en la columna, quedando inválida de por vida.

Ariel fue llevado a una vivienda de un piso ubicada en la Villa Japón, en la zona poniente de la capital. Allí vivía con su familia el periodista del Fortín Mapocho Juan Carvajal Trigo, retornado del exilio desde la ex Alemania Oriental. Los compañeros de Ariel nunca imaginaron que lo estaban llevando a una trampa mortal. Entretanto, un vasto operativo policial se desarrollaba en las poblaciones de Santiago. Informado del paradero de Ariel por el propio dueño de la casa en que se ocultaba provisoriamente, Belisario Velasco – a la sazón subsecretario del Interior- ordenó su detención. Pasado el mediodía del 16 de noviembre, la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones llegó hasta la casa de Carvajal, bloqueando todas las vías de escape. Más allá de las contradictorias versiones sobre la forma en que murió Ariel, es innegable que la aplastante desigualdad de fuerzas permitía detenerlo con vida. Sin embargo, Ariel fue asesinado de un balazo en la frente, probablemente un tiro de gracia. Ninguno de los policías fue herido en la acción, y Carvajal y su familia se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos.

La vida por un Chile Popular

Ariel se había incorporado al MAPU-Lautaro desde las filas del movimiento estudiantil. La juventud popular, principalmente de las poblaciones urbanas de Santiago y otras grandes ciudades, y también el movimiento estudiantil, era la cantera privilegiada para el desarrollo de este movimiento, que se definía como insurreccional y revolucionario, nacido en plena dictadura militar (diciembre de 1982).

Como miles de jóvenes que nacieron y crecieron en el periodo post golpe de Estado de 1973, Ariel se comprometió tempranamente con la lucha antidictatorial que impulsaban amplios sectores sociales. Mientras cursaba la Enseñanza Media, participo activamente en la rearticulación de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES), de la que llegó a ser líder indiscutido. Dotado de una simpatía innata, sus compañeros lo recuerdan como un joven cariñoso y alegre, siempre dispuesto a animar con su guitarra las reuniones estudiantiles. En la Federación se destacó como vehemente orador y polemista, temerario como todos a la hora de participar en acciones como las tomas de liceos, marchas en el centro o trabajos voluntarios en el sur, que caracterizaron la lucha de los secundarios en la última fase de la dictadura.

A partir de 1987, la actividad de los servicios de inteligencia se centró en el movimiento estudiantil, especialmente en sus dirigentes públicos, de reconocida militancia política. Ariel se trasladó a la IV Región, vinculándose allí a las Brigadas del MJL. El 26 de octubre de 1989 fue detenido por agentes de la siniestra Central Nacional de Informaciones (CNI) y torturado brutalmente; su caso forma parte del requerimiento presentado a las autoridades británicas por el juez español Baltasar Garzón, para solicitar la extradición de Pinochet. Ariel tenía, entonces, 20 años. Estuvo recluido un tiempo en la ex Penitenciaria de Santiago y, como era de rigor, los tribunales lo procesaron en aplicación de la Ley Antiterrorista. Trasladado a la Cárcel Pública, representó a los militantes mapucistas encarcelados en la Organización de Presos Políticos (OPP).

Ariel quedó con secuelas de las torturas. Se le diagnosticó un desprendimiento de la retina del ojo izquierdo y gracias a la presión de la solidaridad, fue derivado a la sección de oftalmología del Hospital Sótero del Río, en Puente Alto. Una vez por semana era trasladado a este recinto hospitalario. Sus compañeros comenzaron a evaluar, entonces, la posibilidad de elaborar un plan para rescatarlo. Ariel fue informado de este plan de evasión, cuya fecha definitiva se fijó para el 14 de noviembre al mediodía. Sólo alcanzó a estar dos días en libertad. Era el único hijo de una madre que lo adoraba y que hasta hoy exige justicia. Cuando fue asesinado, solo tenía 21 años.

El blindaje del poder contra la rebeldía organizada

Con posterioridad al 11 de marzo de 1990, algunas de las organizaciones político-militares que se habían destacado en la lucha antidictatorial, continuaron operando con el propósito de contribuir a gestar y desarrollar las condiciones objetivas y subjetivas que permitieran un levantamiento insurreccional popular. Partían del supuesto que las contradicciones del modelo económico-social ampliarían los espacios para la acción y las ideas revolucionarias impulsadas, en particular, por el FPMR, MAPU-Lautaro y MIR EGP-PL. A poco andar, fue evidente que el nuevo escenario político abierto con la elección de un gobierno civil, junto con hacer más complejo el funcionamiento clandestino de estas organizaciones, dificultaba su relación con sus bases sociales y facilitaba la acción de los organismos de inteligencia policial.

Por su parte, el gobierno de Aylwin demoraría cuatro años en “vaciar” las cárceles de presos políticos de la dictadura, en muchos casos por la vía de la conmutación de penas de prisión por “extrañamiento”. Su concepción de “justicia en la medida de lo posible” lo llevó a no derogar la “Ley de Amnistía” dictada en dictadura, y a iniciar un proceso de consolidación de la impunidad para los violadores de los derechos humanos. Paralelamente, su política de seguridad pública hizo necesaria una reestructuración de los organismos represivos, para adecuarlos a las nuevas condiciones de la “democracia protegida”.

Al respecto, hay que tener presente que nuestro país tiene el dudoso mérito de haber sido pionero de la actual política de lucha contra el terrorismo y de la práctica de la acción policial preventiva. En 1982, la dictadura militar había dictado la Ley Nº 18.314 (de conductas terroristas), que se aplicó a militantes y movimientos revolucionarios antidictatoriales y anticapitalistas, considerados como una amenaza para el monopolio estatal de la violencia y la estabilidad del régimen socio-político y económico imperante.

Contrariamente a lo que se podía esperar de un gobierno que se autodefinía como “democrático”, el objetivo de la reestructuración de los aparatos represivos no fue, en todo caso, un intento de democratización, sino una forma de mejorar su eficacia para enfrentar la “subversión”, en una línea de continuidad con la política represiva de la dictadura. Según se desprende del análisis de algunos aspectos de esta reestructuración, no hubo una depuración interna de los aparatos represivos ni se destruyó la infraestructura para la práctica de la tortura, se potenció en los cuerpos policiales la ideología represiva basada en la doctrina de seguridad nacional, se mantuvo la militarización de Carabineros, no se puso énfasis en la educación y formación de los funcionarios policiales en el respeto de los derechos humanos, se creó una Cárcel de Alta Seguridad para los Presos Políticos, la Justicia Militar mantuvo sus amplias prerrogativas para procesar a civiles, se toleró la operatividad de los organismos de inteligencia militar en materia de control político interno, se asignó un presupuesto especial y desproporcionado a las tareas de recopilación y análisis de la información de inteligencia, no se modificó esencialmente la legislación represiva de la dictadura, que se complementó con disposiciones adicionales como la “Ley de delación compensada”, la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones (Dispi) que depende del ministerio del Interior, mantuvo un sistema represivo dual, incluso reclutando agentes entre el personal de la ex CNI. Por ultimo, desde enero de 1997, la Concertación ha venido trabajando en un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), que incorpora a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad a la “lucha antiterrorista” y las tareas de “seguridad interna”.

Es evidente, entonces, que la reestructuración de los aparatos represivos impulsada por las autoridades “democráticas” apuntaba esencialmente a impedir el surgimiento y desarrollo de organizaciones políticas populares revolucionarias, y a destruir aquellas que continuaban operando. En esta línea, las instrucciones del ministerio de Interior a los servicios de inteligencia policial fueron claras: había que “infiltrar”, “desarticular” y “aniquilar” al FPMR, MAPU-Lautaro y MIR EGP-PL.

Es preferible la muerte a la servidumbre

Hay quienes piensan que la policía mató a Ariel por venganza, conducta propia de los servicios represivos cuando cae alguno de los suyos; o que actuó por inercia, recurriendo al método del “gatillo fácil” que caracterizó su accionar durante la dictadura. No obstante, en el contexto de la “democracia protegida” como la que vivía Chile en los 90, el asesinato hasta hoy impune del prisionero político de la dictadura, Marco Ariel Antonioletti, aquel 16 de noviembre de 1990, marcó la pauta de lo que sería la conducta del poder en su ofensiva de contra los movimientos rebeldes y populares. El aniquilamiento físico y la rendición política incondicional de estas organizaciones, constituyen una exigencia insoslayable para un gobierno cuyo objetivo principal no es, en todo caso, la “democracia con justicia y equidad”, sino el tránsito sin sobresaltos desde el modelo de economía de libre mercado impuesto por la dictadura, hacia la gestión civil de los nefastos efectos sociales y ecológicos del mismo modelo, y de la impunidad para los violadores de los derechos humanos.

Con el asesinato de Ariel se abrió, entonces, un periodo de “represión institucional” hacia los movimientos y militantes revolucionarios que, entre 1990 y 1994, especialmente, cobró la vida de un valioso contingente de jóvenes rebeldes y envió a la cárcel de alta seguridad a más de un centenar de militantes. Esta misma política se aplica hoy al movimiento mapuche en lucha por tierra y autodeterminación. Fracasadas en tierra mapuche las “mesas de diálogo” y las tentativas de corrupción por la vía de crear nuevos propietarios, las cárceles del sur se van llenando con comuneros, y la represión cobró su primera victima: el joven mapuche Alex Lemún Saavedra, de la comunidad Montutui Mapu del sector Agua Buena de Ercilla, asesinado de un balazo el martes 12 de noviembre.

Es imposible intentar detener los procesos sociales con una política basada en la represión y la mentira. Menos todavía en un contexto en que en la opinión pública se esfuma la poca credibilidad que aún podían tener las instituciones y los líderes políticos, sean estos oficialistas u opositores, en medio de la incertidumbre que se filtra en los discursos autocomplacientes de la clase dominante mientras el modelo pugna por romper las amarras que le imponen los tecnócratas de la economía, para encausarse hacia una crisis económica largamente resistida, y con una crisis en territorio mapuche que crece de manera incontenible. Los dueños del poder, en su soberbio aislamiento político, son incapaces de admitir que la represión, el engaño y la mentira sólo retrasan una confrontación inevitable, agravando los alcances del estallido social que se incuba. La derrota del proyecto popular fue un episodio pasajero en una historia que está jalonada por los avances y retrocesos de la lucha de los explotados y oprimidos. Hoy bastaría con una chispa para encender una nueva época de luchas insurreccionales. Sólo falta que en el campo popular se consoliden un poco más los cambios políticos moleculares que se han ido produciendo bajo la superficie de la aparente normalidad de las relaciones sociales. Los próximos acontecimientos serán el mejor tributo a la memoria de Ariel y Alex, que lucharon y murieron por la emancipación de su pueblo. Por ahora, remontémonos en el tiempo para rescatar desde el fondo de la historia estas sabias palabras del Toqui Antullipan (1593):

“Peleamos nosotros por la libertad i la patria. Nacimos libres i defendemos el suelo en que hemos nacido. Aquel poder i aquellas armas nada nos pueden traer mas funesto que la muerte, pero nosotros, que apreciamos mas la libertad que la vida, jamas supimos temer los horrores de aquello. Vuestras amenazas, Señor, me hacen sospechar que graduais a la muerte por el mayor de los males. Pues de aqui podeis inferir el horror que tenemos a la servidumbre, graduado por nosotros de mayor mal que la misma muerte. Esta es la que nos puso las armas en la mano y jamas las dejaremos si no la vemos muy distante de nosotros i de nuestras tierras”.

Santiago, 16 de noviembre de 2002

(*) José Luis Medina y Arnaldo Pérez Guerra son ex prisioneros políticos.

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